El intendente Ulpiano Suarez dispuso el congelamiento de los salarios de los funcionarios municipales por un período de seis meses, a partir del 1 de julio. La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 533/26 y responde al compromiso de la gestión con una administración responsable, austera y alineada con la realidad económica que atraviesa el país.
La decisión alcanza a un total de 116 funcionarios municipales: 86 pertenecientes al Departamento Ejecutivo y 30 al Honorable Concejo Deliberante, al que el intendente invitó formalmente a adherir a la medida. De esta manera, este congelamiento salarial reafirma el criterio de que el esfuerzo para afrontar el actual contexto económico debe comenzar por los niveles jerárquicos de la administración pública.
“Hemos tenido una caída en los recursos que ingresan del orden del 4 por ciento en los primeros cinco meses del año. De los impuestos que recauda el gobierno nacional y de los impuestos que recauda el gobierno provincial, hay un porcentaje que se distribuye a todos los municipios. Bueno, eso ha disminuido. Y además ha disminuido, y también lo he confirmado con colegas intendentes, la recaudación propia, lo que recaudan los municipios por las tasas por servicio y el derecho de comercio, que son principalmente las dos cuentas que tenemos”, manifestó Ulpiano Suarez.
“Entendiendo la preocupación por la baja en estos recursos municipales, hemos tomado distintas medidas que implican fundamentalmente una reingeniería en cuanto a la asignación de tareas al personal. Nosotros cuidamos a cada empleado municipal que hace un gran trabajo, también cuidamos sus ingresos, lo que estamos tomando son medidas para una reorganización de la prestación de los servicios, para que no se resientan en lo más mínimo, entendiendo que son los vecinos de la Ciudad los que pagando las tasas, pagando los derechos de comercio, pagan los sueldos a los agentes municipales y a los funcionarios municipales”, finalizó el intendente de la Ciudad.
El decreto tiene como fundamento el complejo escenario económico nacional y la disminución de los recursos coparticipables que reciben las provincias y los municipios, una situación que también impacta en las finanzas de la Ciudad.
En ese marco, la norma también instruye a todas las secretarías, subsecretarías y direcciones del Departamento Ejecutivo a profundizar las acciones de eficiencia, innovación y optimización de recursos, mientras que encomienda a la Secretaría de Hacienda el seguimiento permanente de la evolución de los ingresos, las transferencias intergubernamentales y la estructura del gasto público.
La decisión expresa la voluntad del municipio de acompañar con hechos concretos el esfuerzo que hoy realizan miles de familias mendocinas frente a la situación económica. En ese sentido, se considera que quienes tienen responsabilidades de conducción deben actuar con responsabilidad, ejemplaridad y solidaridad, promoviendo decisiones coherentes con el contexto social y económico.
